22 de agosto de 1984. Una gran concentración de moscas fue el signo que permitió descubrir cincuenta cadáveres dispuestos en cuatro fosas en el paraje Pucayacu. Los cuerpos fueron llevados a la morgue para la necropsia de ley y enterrados nuevamente en dos fosas en el cementerio de Huanta. Aunque en ese momento las víctimas no fueron oficialmente identificadas, las miradas se volvieron hacia la Marina, encargada del control de toda la provincia, y cuya base funcionaba en el estadio de dicha ciudad. Días antes había recibido la visita de un fiscal que indagaba el paradero del periodista Jaime Ayala y otras personas detenidas en dicho establecimiento. En su visita no encontró a ninguno de las decenas de detenidos en esas semanas por efectivos de la Marina. Ninguno de ellos tampoco regresó a sus hogares. Fueron desaparecidos.

17 de julio de 2024, primera parte. Frente al altar de la iglesia San Pedro de Huanta se encuentran dispuestos once osarios blancos conteniendo los restos de igual número de personas que fueron detenidas por la Marina en 1984 y cuyos cuerpos fueron recuperados el año 2009 por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público. Se trata de un segundo grupo que será restituido a sus familiares. Años antes, diez cuerpos fueron entregados para un entierro digno. La identificación de estas víctimas confirma la responsabilidad de la Marina en la ejecución y desaparición de estas personas.

Los familiares de estas víctimas se agrupan en las bancas del lado izquierdo de la iglesia. Han llegado principalmente de Culluchaca, una comunidad en las alturas de Huanta, pero también de otros distritos de la provincia y de fuera de ella. Autoridades y representantes de instituciones ocupan la otra mitad de la iglesia.

Después de la misa empieza la ceremonia oficial. Sigue el esquema de otros actos similares donde el centro se pone en la palabra, los gestos y la labor de las instituciones que participan en la búsqueda. Es el despliegue del poder estatal que se congratula por el éxito de la labor realizada. Apenas al final se escucha la voz de un par de representantes de los familiares. Una de ellas, Nancy Cruz, cuyo padre Víctor Manuel, comunero de Culluchaca, se encuentra entre las víctimas restituidas, se refirió a sí misma como “una persona tóxica para las instituciones” por su permanente insistencia en que estas mismas entidades culminaran un trabajo de identificación que tomó años. Pese a todo, junto con el hijo de Alejandro Araujo Cabezas expresaron su agradecimiento por haber llegado a este momento.

Concluida la ceremonia, se realizó el tradicional recorrido cargando los osarios alrededor del parque principal de la ciudad. Familiares y autoridades se entremezclan en este momento sobrecogedor por la presencia que imponen esos osarios blancos llevados en hombros, una imagen que se ha repetido muchas veces en esta ciudad, la más golpeada del país durante los años del terror. Al concluir la vuelta a la plaza, los familiares toman el control del evento e invitan a los presentes a continuar el recorrido hacia un nuevo destino: el estadio municipal.

4 de julio de 2024. La Comisión Permanente del Congreso aprobó ese día una norma que dispone la prescripción de delitos considerados de lesa humanidad que hayan ocurrido antes del año 2002, cuando en el Perú entró en vigencia el Estatuto de Roma. No es este el lugar para la discusión jurídica de esta norma, adoptada en abierto desacato a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Basta decir que los responsables del asesinato de las cincuenta personas halladas en Pucayacu no podrían ser condenados si se mantiene este despropósito. Es decir, se mantendría la impunidad por la que ha bregado la Marina desde el momento mismo de la ocurrencia de los hechos. El sanguinario Álvaro Artaza, más recordado por el apelativo de “Comandante Camión”, de muy triste recordación en Huanta por la forma en la que ejerció la jefatura político-militar de la zona, fue abiertamente encubierto por la institución militar y nunca rindió cuentas ante la justicia.

17 de julio de 2024, segunda parte. Los familiares decidieron que el recorrido de homenaje a los muertos no concluyera en la plaza, sino que decidieron que todos los osarios fueran llevados al estadio, el mismo lugar donde permanecieron detenidos y donde se ordenó su ejecución y desaparición. En tiempos de negacionismo e impunidad, esta romería se convirtió en un acto político de reivindicación y de memoria.

Una placa en el acceso principal al estadio recuerda a las víctimas que sufrieron el horror dentro de ese recinto. Al interior, un mural reafirma esa voluntad de no olvidar. Al pie de este lugar fueron dispuestos los osarios, y alrededor los familiares y acompañantes. En este espacio sus voces se escucharon en forma fuerte y clara. A diferencia del acto anterior, ocurrido horas antes apenas a unas cuadras, está era su ceremonia, en su propio idioma y con los homenajes y demandas que no habían sido del todo expresadas en el espacio oficial. Cuando el acto había empezado, los fiscales que habían acompañado a los familiares hasta este lugar, se retiraron, lo que fue percibido como una falta de consideración. La fiscal coordinadora expresó las disculpas del caso ante los presentes, pero ese gesto da cuenta de la diferencia entre los dos actos de homenaje de esa mañana.

El recuerdo de las víctimas y el reclamo de justicia fueron las ideas comunes que quienes tomaron la palabra expresaron en el homenaje realizado en el estadio. Se cuestionó con mucha firmeza la impunidad que el Congreso pretende imponer en el país, y se pidió que el gobierno no promulgue dicha norma. Se habló también de otras demandas (reparación, acceso a servicios, superación de la pobreza) cuya realización permanece inconclusa pese al tiempo transcurrido. Terminado el homenaje, los familiares se trasladaron a diversos lugares para el entierro de las víctimas.

Epílogo. Cincuenta cuerpos fueron encontrados en la fosa de Pucayacu en 1984. Veinticinco años después, solo treinta y siete fueron recuperados de la fosa en la que fueron enterrados en forma secundaria, en el cementerio de Huanta; es decir, trece de ellos no se encuentran hasta ahora. Veintiún cuerpos han sido identificados a la fecha y entregados a sus familiares; no se ha podido determinar aún la identidad de otros dieciséis. Todos los identificados fueron detenidos por la Marina y estuvieron en la base de esta entidad en el estadio. Nadie ha sido sentenciado aún por este crimen.

21 de julio de 2024