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Todo se inició con un paro nacional convocado el pasado 21 de noviembre. A las organizaciones convocantes se fueron sumando otras, y así se acumularon demandas diversas: el rechazo a políticas de flexibilización laboral, la oposición a una reforma del sistema de pensiones, la defensa de la educación pública, críticas por la lenta implementación del acuerdo de paz, el cuestionamiento al manto de silencio sobre la muerte de menores de edad en un operativo de las fuerzas armadas, la inacción del gobierno frente a los asesinatos de líderes sociales. Múltiples voces que, en conjunto, expresaban insatisfacción sobre el gobierno de Iván Duque.

El uribismo, fiel a su tradición, intentó deslegitimar la protesta, acusando a sus organizadores de azuzadores de la violencia, y de ser financiados por el castrochavismo y por el foro de Sao Paulo. La estrategia resultó contraproducente y el propio Presidente Duque tuvo que reconocer la legitimidad de la protesta y la obligación del gobierno de garantizarla. Primera derrota para el partido gobernante.

La movilización del 21 de noviembre fue multitudinaria, con expresiones masivas en todo el territorio colombiano. El carácter predominantemente pacífico de la protesta fue empañado por incidentes de violencia en Cali (donde se decretó toque de queda) y en algunos puntos de Bogotá. Después, durante dos noches seguidas, mensajes viralizados inundaron las redes sociales anunciando inminentes saqueos y asaltos a viviendas (que, dicho sea de paso, nunca se verificaron).

Pero esta campaña de miedo no tuvo éxito. La reacción ciudadana en la misma noche del 21 fue inundar las calles con el sonido de las cacerolas, ruido que aún no se ha apagado. Hoy resulta claro que se intentó vender miedo para legitimar una respuesta que garantizara la “seguridad”. La ciudadanía, sin embargo, no compró ese juego. Menos aún luego del asesinato del joven Dilan Cruz (apenas 18 años), abatido por la policía antimotines cuando participaba en un acto pacífico. Esta muerte ha obligado al gobierno a detener cualquier estrategia represiva que haya estado sobre la mesa. Segunda derrota del partido gobernante.

Frente a la crisis, el presidente Duque convocó a una gran “conversación nacional”, planteada como un proceso de varios meses para recoger las demandas de la población colombiana, y orientar así las políticas gubernamentales. Estrategia dilatoria o no, dos días después de su anuncio, tuvo que reunirse con el comité organizador del paro nacional, quienes les presentaron su agenda y se levantaron de la mesa.

Duque se encuentra en una situación muy complicada. Goza de muy poca popularidad, enfrenta una movilización ciudadana crítica a su gobierno, tiene sobre la mesa un conjunto de demandas diametralmente opuestas a las suyas, y, para colmo de males, figuras importantes del Centro Democrático empiezan a cuestionarlo por no seguir las líneas maestras del uribismo puro y duro. El Presidente no parece tener la pericia para maniobrar en este escenario tan complejo, y el margen para hacerlo parece estrecharse conforme pasan los días.

En estas circunstancias no es fácil prever el escenario resultante. Estamos en una situación típica con varios desenlaces posibles, donde el resultado depende de las estrategias y decisiones de los actores. Un asunto crítico es si el gobierno acepta, empujado por la fuerza de la movilización ciudadana, decisiones ajenas a las posiciones del partido que representa. Sería una tercera derrota política del partido gobernante.

Ahora bien, esta crisis puede conducir a cambios de más profundidad. De un tiempo a esta parte, el discurso populista-conservador del uribismo que gozaba de una legitimidad imbatible entre la población colombiana, ha empezado a ser cuestionado. Los malos resultados obtenidos por el Centro Democrático en las recientes elecciones regionales y municipales y las movilizaciones de estos días revelan a una población que parece alejarse del tradicional discurso uribista. Pese al rechazo anteriormente expresado, la entrada en vigencia del acuerdo de paz (pese a todos los obstáculos que el gobierno ha puesto en el camino) y la desmovilización de las FARC-EP parecen estar alentando una conciencia sobre la necesidad de afianzar el camino de la paz.

Lo que parece asomarse estos días es una reacción contra la política caudillista, preocupada más por la seguridad (del poder) que por los derechos (de la gente). Se estaría rechazando una cultura que legitima el todo vale, incluyendo la violencia contra normas, instituciones y personas, y que, luego de tantas décadas de conflicto, impregna la forma de proceder de actores legales e ilegales. Si en el futuro próximo se acentúa este rechazo, estaríamos ante una derrota más profunda del uribismo, y una transformación más radical de la cultura política colombiana.

Twitter: @RivasJairo