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Concluyó el largo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso con la derrota de este último en todos los frentes: el político, el social, el internacional, el de la fuerza pública, e incluso se podría mencionar el económico pues a la disolución del Parlamento no ha sobrevenido la crisis mayúscula que algunos agoreros anunciaban. Aún la Comisión Permanente mantiene alguna escaramuza en el ámbito judicial, aunque pronto el interés se moverá hacia el proceso electoral que se inicia. Ofrezco a continuación una mirada a los actores políticos en el inicio de este interregno.

Martín Vizcarra. Vencedor absoluto de la principal disputa política de los últimos años. El fujimorismo logró la renuncia de un presidente, la censura de dos gabinetes, la renuncia de varios ministros, y el bloqueo a la iniciativa gubernamental, pero terminó sumido en la derrota absoluta. Vizcarra, sin oposición por varios meses, tiene la obligación de mostrar que su gobierno no solo tiene norte sino puede mostrar algún resultado. Por el momento, más allá de la lucha contra la corrupción, no aparece una narrativa mayor sobre su gestión.

Vicente Zeballos. Parte del círculo de confianza más cercano del Presidente, será el principal operador político del gobierno en este período. Sus esfuerzos no estarán centrados en el diálogo con la oposición, más allá de la representación que deba ejercer ante el Tribunal Constitucional, por lo que tendrá que mostrarse también como un gestor eficiente y un buen coordinador de los esfuerzos del Estado. Tendrá también que garantizar un proceso electoral transparente, sin injerencia indebida del Ejecutivo.

Comisión Permanente. Aunque bastante disminuida, continuará sirviendo como pequeña caja de resonancia del malestar y los disfuerzos de la oposición. Su visibilidad tenderá a disminuir conforme avance el proceso electoral, aunque puede cobrar nuevo impulso si el Tribunal Constitucional le da razón en la demanda que ha presentado sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso.

Tribunal Constitucional. La decisión que adopte sobre este tema será determinante para legitimar el escenario que empezó a construirse el 30 de setiembre, o a enrarecer el clima político del país con una restitución del Congreso. Los partidarios de esta segunda opción no parecen ser mayoría, pero igual conviene seguir con cautela los pasos que dé este organismo en el futuro inmediato.

Partidos políticos y candidaturas. Llamados a convertirse en los principales protagonistas de los próximos meses. Las candidaturas se pueden presentar hasta el 18 de noviembre, las listas de candidatos y candidatas admitidos se publica el 3 de diciembre, y solo se puede excluir, renunciar o retirar candidaturas hasta el 27 de diciembre. Este tiempo de definición es clave pues las organizaciones políticas con inscripción definirán participación, posibles alianzas y candidaturas. Al hacerlo, pese al corto tiempo del que disponen, veremos cuánto valoran los partidos la idoneidad de sus candidatos, la formulación de propuestas legislativas, y la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Después, mediada por las fiestas de fin de año, la campaña electoral será corta (¡menos de un mes!) y allí la responsabilidad pasa a la ciudadanía y a la sociedad civil.

Organismos electorales. Por función, cumplirán un rol central en este tiempo. Han ganado prestigio como buenos organizadores de procesos electorales (aunque aún no cuenten rápido), y esta fama se medirá en un proceso electoral exigente por la brevedad de los plazos. De la pulcritud de sus acciones depende la confiabilidad del proceso. Dicho de otro modo, una actuación correcta los hace aparecer menos como protagonistas, dejando ese lugar a quien le corresponde: partidos y candidatos. En ese sentido, no se entiende la poca diligencia del JNE en determinar si los integrantes del Congreso disuelto pueden presentarse en este proceso electoral. Decisiones rápidas y de acuerdo a ley son las que cimentan unas elecciones transparentes y confiables.

Twitter: @RivasJairo