Sin transitar por la vía autoritaria e inconstitucional de disolver el Congreso, la propuesta del Presidente Vizcarra apunta al mismo resultado pero con el concurso del propio Congreso – en cuyas manos pone la decisión de acortar su mandato – y de la ciudadanía, de la cual recoge el reclamo a la vez que reclama su renovado apoyo.

La medida anunciada en el discurso de Fiestas Patrias tomó por sorpresa a propios y extraños, y sobre todo a la mayoría parlamentaria y sus aliados. Un Presidente débil, sin partido ni bancada y con un gabinete poco dispuesto a la pugna política, les volvió a ganar la iniciativa política (como viene ocurriendo el último año): el mandatario marca la agenda política. El mejor indicador de esta afirmación es el conjunto de balbuceantes argumentos para criticar la iniciativa, esgrimidos por la oposición desde el mismo 28 de julio.

Pero presentado el proyecto de ley, se inicia un ciclo de micro batallas en el seno del Parlamento, y en ellas el gobierno no tiene todas las de ganar. Las primeras decisiones tienen que ver con la reconfiguración de las comisiones parlamentarias. Particularmente importante es la definición de los integrantes de la Comisión Permanente y de la Comisión de Constitución y Reglamento, aunque conviene estar atentos también a las llamadas comisiones especiales (Ética, Acusaciones Constitucionales, Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria).

Un aspecto importante es cuidar que este primer proceso se resuelva lo antes posible. Usualmente toma entre uno y dos meses. En esta oportunidad no se debería emplear tanto tiempo. Por otro lado, se debe considerar que para el período legislativo que se inicia, Fuerza Popular ha dejado de tener mayoría absoluta en todas las comisiones; pero conserva una proporción importante en todas ellas, y con aliados es probable que pueda mantener el control de las votaciones.

Salvo que se logre un acuerdo para debatir directamente el proyecto de ley en el Pleno, este será el escenario en el que se defina la suerte de la propuesta presidencial. La actual correlación de fuerzas, así como las primeras expresiones de representantes de diversas bancadas, indican que la propuesta sería rechazada. ¿Hasta dónde podrá maniobrar el gobierno para modificar esta situación? ¿Tendrá la ciudadanía movilizada un papel catalizador en este proceso? Estas preguntas no están resueltas y prefiguran diversos escenarios posibles, que han sido ampliamente comentados en los últimos días.

En caso se apruebe el recorte de los mandatos presidencial y congresal, todo se convierte en un asunto de cronogramas establecidos por los organismos electorales, para la organización sucesiva de un referéndum y luego de elecciones generales. El desafío es mayor, pero posible de cumplir como ya ha señalado Fernando Tuesta. Y, desde luego, las organizaciones políticas deberían empezar a prepararse para ese escenario probable.

Un rechazo del Congreso a la iniciativa presentada por el Ejecutivo solo extenderá la crisis actual, y generará mayor incertidumbre política. En términos políticos, esta es la alternativa que conviene evitar.

Twitter: @RivasJairo