Los días 18 y 19 de febrero de este año se realizó el III Encuentro de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas. Como en las ediciones anteriores, la organización estuvo a cargo del Grupo de Seguimiento a Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (GREF), al cual pertenezco. Este año trajo algunas novedades importantes que reseño a continuación.

En primer lugar, la presencia de representantes de organizaciones de mujeres afectadas de diez regiones del país. Resalto la idea de presencia organizada. Cuando se realizó el primer encuentro, solo existían dos organizaciones, las históricas, las que iniciaron esta larga lucha por justicia: la Asociación de Mujeres de Huancabamba (Piura) y la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta (Cusco). En los últimos años se han constituido organizaciones similares en las Provincias Altas del Cusco, Ayacucho, Cajamarca, San Martín, Selva Central y Lima-Callao. Esa dispersión geográfica revela la amplitud de esa nefasta política pública implementada por el gobierno de Fujimori.

Pero no solo revela la geografía del dolor. Tres encuentros sucesivos muestran también lazos de confianza y reconocimiento entre las mujeres líderes. Las historias que las unen ya no están ancladas en el drama de origen, sino que sus voces van encontrando un lenguaje común para hablarse entre ellas como sobrevivientes, con derecho a recuperar su dignidad y, desde allí, demandar al Estado una respuesta proporcional al daño sufrido. En ese camino, las exigencias de verdad, justicia y reparación se abren paso, y con ello la posibilidad de diálogo con representantes de un Estado a menudo esquivo.

Por último, una tercera novedad que apareció en este Encuentro fue la positiva disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) a llevar a un nuevo nivel este diálogo con las mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas. Hasta el momento, y apenas desde el 2016, las víctimas de esterilizaciones forzadas tienen derecho a ser incluidas en un registro a cargo del MINJUSDH, entidad que también debe proveer de defensores públicos para sostener sus demandas ante el sistema judicial; a recibir atención en los Centros de Emergencia Mujer, que administra el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); y a recibir atención en establecimientos de salud administrados por el respectivo Ministerio con esquemas financiados por el Seguro Integral de Salud (SIS). La implementación de estos servicios, existentes desde 2016, no ha sido óptima, y solo en los últimos meses los funcionarios responsables (en MINJUSDH y el SIS, más no en el MINSA ni en el MIMP) parecen acoger algunas de las demandas y propuestas de las propias mujeres.

Sin embargo, la expectativa de las mujeres no se limita a recibir estas modalidades de atención. Ellas exigen ser reparadas integralmente. Y aquí reside la novedad principal de estos días. En un taller organizado por el MINJUSDH el miércoles 20 de febrero, un día después del Encuentro, el Viceministro de Derechos y el Director General de Derechos Humanos explicaron la ruta que se proponen seguir para avanzar hacia la definición de un mecanismo de reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas. No es una afirmación menor, pues es la primera vez, después de dos décadas de insistentes demandas y de una inagotable lucha, que representantes del Poder Ejecutivo expresan explícitamente la voluntad de construir, en diálogo con las propias afectadas, una respuesta al daño ocasionado por el propio Estado, y que esa respuesta adopte la forma de un programa de reparaciones. Este fue el compromiso expresado y el que las organizaciones de mujeres, así como la sociedad civil que las acompaña, esperamos que se materialice en el futuro próximo. Estaremos vigilantes y exigiendo.

Twitter: @RivasJairo