Esta columna fue publicada primero en Noticias SER.

El próximo 28 de agosto se cumplen quince años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Resulta un tiempo propicio para analizar los aportes de la labor de esta comisión y la vigencia de su análisis. Por razones de espacio, en esta columna me detendré rápidamente en el estado de implementación de las recomendaciones que formuló.

El primer grupo de recomendaciones se agrupó bajo el título de “reformas institucionales”, las cuales pueden entenderse “como garantías de prevención, [que] ayuden a que no se repitan más en el Perú los dolorosos sucesos que se generaron en el proceso de violencia vivido en las últimas dos décadas… orientada[s] a modificar las condiciones que generaron y ahondaron el conflicto interno” (Informe Final de la CVR, Tomo IX, p. 109; en adelante se señalará solo el número de página). Estas reformas buscaban: (a) lograr la presencia de la autoridad democrática y de los servicios del Estado en todo el territorio; (b) afianzar una institucionalidad democrática; (c) reformar el sistema de administración de justicia; y (d) asegurar una educación de calidad, que promueva valores democráticos y visiones actualizadas y complejas de la realidad peruana.

Análisis diversos han señalado que el impulso reformista planteado por la CVR, a tono con el cambio de régimen en el que fue creada, fue desacelerado por el gobierno del presidente Toledo, perdiendo entonces una oportunidad magnífica para consolidar verdaderas bases democráticas para un país que salía no solo de la tragedia del conflicto sino de la podredumbre de un régimen corrupto. Poco se hizo desde entonces y los escándalos de corrupción que nos acompañan desde hace un año revelan cuán necesario resulta acometer dicha agenda de reformas. Por otro lado, la resistencia a incorporar contenidos de memoria en el currículum escolar (debido a corrientes negacionistas) evidencia que esta otra dimensión no ha sido adecuadamente abordada hasta la fecha.

La segunda recomendación fue la implementación de un Plan Integral de Reparaciones para atender de alguna manera las graves secuelas que el período de violencia dejó en miles de víctimas. La CVR alentó a emprender esta tarea con la convicción de que ella constituía “un aporte efectivo a la consolidación democrática, a la devolución de la fe en el futuro y a sentar las bases de un nuevo pacto social” (p. 139).

Esta es probablemente la recomendación cuya implementación registra mayor nivel de avance. Es una política de Estado que se viene desarrollando a lo largo de cuatro gobiernos. Y si bien en cada período esta política ha tenido distintos niveles de importancia y énfasis en cuanto a los programas priorizados, es probable identificar algunos logros en este proceso. Pese a ello, no se ha logrado atender aún en forma integral a todas las víctimas del conflicto, por lo que es necesario que el Estado mantenga aún esta política.

La tercera recomendación fue la puesta en marcha de un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses como un aporte para atender “la necesidad de resolver con pasos firmes y confiables el problema de los desaparecidos en el Perú en el tiempo del conflicto armado” (p. 207).

Después de mucho tiempo de espera, en los dos últimos años, gracias al empuje de las organizaciones de víctimas y el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, fue aprobado el marco normativo y fue creada la institucionalidad básica para el desarrollo de procesos de búsqueda de personas desaparecidas, apelando a un enfoque humanitario. Se cuenta ya con un listado base del universo preliminar sobre el que trabajar y se han empezado las primeras investigaciones. Aunque con retraso, el Estado ha iniciado ya la implementación de esta recomendación.

Después de tres lustros hay algunos avances que se pueden reconocer, pero también muchos pendientes aún para que nos reconozcamos transitando hacia un país reconciliado, no solo a partir de la atención de los daños ocasionados en el pasado, sino sobre todo en la capacidad de construir una sociedad democrática incluyente y tolerante. Este aniversario es una nueva oportunidad para reflexionar sobre ello.

Twitter: @RivasJairo