Hoy que la prepotencia negacionista intenta imponer una versión bastante recortada sobre lo ocurrido en el país durante el período de violencia política, es necesario discutir a través de todos los medos sus supuestas verdades.

Uno de las afirmaciones recurrentes es que las fuerzas del orden no fueron mayormente responsables de violaciones a los derechos humanos, y que en todo caso solo se pueden mencionar algunos “excesos” de algunos “malos elementos”, pero que en ningún caso ello compromete a las instituciones castrenses. Esta narrativa se completa resaltando la heroicidad de policías y militares, afirmación ante la cual solo cabe cuadrarse, pues se trata de una verdad que no admite cuestionamiento alguno.

Pues yo creo que es necesario cuestionarla. Y no porque niegue el heroísmo de muchos policías y militares, muchos de ellos víctimas de los grupos terroristas, sino porque la realidad no se condice con dicha afirmación. Una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es la siguiente:

“55. La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario” (las negritas son mías).

En las investigaciones de la CVR hay suficiente información para sostener esta conclusión. A mí me parece evidente por dos hechos que conozco cercanamente. El primero es la existencia de un horno crematorio en el lugar conocido como La Hoyada, situado en las inmediaciones del Cuartel Los Cabitos, en Ayacucho. Está judicialmente comprobado que ese horno existió y que fue empleado por el Ejército para desaparecer restos de personas detenidas arbitrariamente y ejecutadas extrajudicialmente (escribí sobre esto en una crónica anterior).

¡Un horno para desaparecer cuerpos! Resulta difícil – en realidad, imposible – asumir que la construcción y empleo de un horno junto a un cuartel militar constituya un “exceso”. No lo es bajo ningún punto de vista. Se trata de una práctica cruel e inhumana, practicada antes por el nazismo y asumida como propia por una instalación militar peruana. Frente a esta verdad comprobada, no se ha escuchado hasta el momento un reconocimiento de responsabilidades ni pedido público de perdón de autoridad militar ni política alguna por este hecho tan aberrante.

Una segunda situación. Cuando trabajé en el Consejo de Reparaciones hicimos un análisis de varios cientos de casos de violación sexual que fueron presentados para su incorporación al Registro Único de Víctimas (por entonces, tres veces más que los reportados por la CVR). La mayoría de estos casos se concentraban en dos períodos: 1983-1985, principalmente en Ayacucho, y 1988-1989, en Apurímac, Huancavelica y otros departamentos. Si bien las responsabilidades por estos terribles hechos se repartieron entre grupos subversivos, fuerzas armadas, policía y rondas campesinas, por las fechas y lugares de ocurrencia, era perfectamente posible establecer una correlación entre establecimiento de bases militares y casos de violaciones sexuales. ¿Excesos? Nuevamente no. Los datos revelan una práctica sistemática “en ciertos lugares y momentos”, como dice la CVR.

¿Asumir la verdad de estos hechos se contradice con el reconocimiento a la valentía mostrada por las fuerzas del orden en la lucha contrasubversiva? En mi opinión, no. ¿Se busca con ello minimizar la responsabilidad de los senderistas y emerretistas? De ningún modo: el país está de acuerdo – y la CVR también, aunque sus críticos lo nieguen - en que fueron los principales responsables del horror vivido. Pero una mirada que busque comprender la tragedia que vivimos debiera intentar una mirada que integre la realidad en toda su complejidad. Por eso es que resultan groseramente chocantes esos intentos por imponer una versión donde solo cabe alabar y agradecer a las fuerzas del orden. Resulta claro qué intenta ocultar este discurso incompleto: no es sino otra forma de promover la impunidad.

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