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fuente: oea

La Cumbre y la agenda anticorrupción

Publicado: 2018-04-22

Soy de quienes creen que eventos como la Cumbre de las Américas recientemente celebrada en Lima no merecen demasiada atención de la opinión pública. La metodología no permite fluidez, por lo que la lectura de discursos preparados con antelación, sin casi posibilidad de diálogo, le quitan emoción y profundidad. Respecto a esta Cumbre, además, jugó en contra el hecho de que, por la agenda planteada, se hubiera tenido que descalificar a varios de los visitantes, denunciados por presuntos actos de corrupción en sus respectivos países.

Sin embargo, es importante no caer en la tentación de frivolizar la Cumbre, como lo hicieron algunos medios que ante la ausencia de los incontinentes Donald Trump y Nicolás Maduro volcaron su interés hacia aspectos tan poco relevantes como las actividades de Ivanka Trump. Para evitar este riesgo, es importante reconocer que el verdadero trabajo se mueve detrás de la foto oficial, en múltiples negociaciones entre los cancilleres, y las consultas a - o la incidencia realizada por - diversos actores, incluyendo el sector privado y la sociedad civil. Es ese ámbito, la cara oculta de la Cumbre, la que resulta más interesante, pues es la que elabora y acuerda los productos que las Cumbres muestran.

Y el resultado de esta ha sido el denominado Compromiso de Lima "Gobernabilidad democrática frente a la corrupción", conjunto de 57 compromisos que han asumido los Estados de las Américas para enfrentar este problema que azota por igual a todas nuestras sociedades. Un rápido repaso al documento aprobado por la Cumbre permite apreciar un texto que recoge los distintos aspectos relacionados con esta tarea, incluyendo algunos que pueden resultar controversiales como el fortalecimiento de los sistemas judiciales, una regulación estricta del financiamiento de la política y de las campañas electorales, y el reconocimiento de derechos (como la igualdad de género, entre otros) como factores que permiten una más eficaz prevención de la corrupción.

Lo interesante es que la mayoría de los puntos que forman parte de este Compromiso no son novedad, sino que forman parte del abanico de propuestas ya planteadas en el debate público, tanto en el Perú como en otros países de América Latina. Para el caso peruano, baste mencionar las propuestas del Plan 32, elaboradas por la Asociación Civil Transparencia, o el informe presentado en diciembre de 2016 por la Comisión Presidencial de Integridad (se puede descargar aquí). Que estas propuestas hayan sido asumidas como un compromiso por el Estado peruano constituye una oportunidad para exigir su cumplimiento.

El Presidente Vizcarra ha anunciado su voluntad de cumplir dicha agenda. Esta semana la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción entregó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 al Presidente Martín Vizcarra. Este reiteró su compromiso con la planteada agenda y resaltó que en este documento se han incluido las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad.

Le toca a la sociedad civil analizar dicho Plan, verificar si sus planteamientos coinciden con lo señalado por la Comisión Presidencial de Integridad, la OCDE o el Compromiso de Lima, y exigir que los compromisos asumidos se conviertan en decisiones concretas.

Coda. Tres congresistas han sido sentenciados por el Poder Judicial, dos de ellos en segunda instancia, por delitos cometidos antes de asumir su actual cargo. El Poder Judicial ha pedido ya el levantamiento de la inmunidad del congresista Benicio Ríos. Se inicia el largo trámite administrativo (que debería simplificarse) para lograr dicho levantamiento. Los congresistas hablan mucho sobre su compromiso en la lucha contra la corrupción. Frente a estos casos, retrasar o impedir la acción de la justicia solo transmite el mensaje de que el Congreso de la República, todo un Poder del Estado, protege a delincuentes.

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Twitter: @RivasJairo


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