Nota: Esta columna la escribí antes del mensaje presidencial de 28 de julio. Después de escuchar el mismo, da la impresión que esta tarea seguirá estando pendiente, a menos que haya una exigencia clara desde la sociedad civil. Esta es una impostergable tarea ciudadana.

Uno de los temas centrales de la agenda pública durante el primer año de gobierno del Presidente Kuczynski ha sido el de la corrupción y de los esfuerzos – parciales y limitados aún – por combatirla. Un claro indicador de la irrupción de esta problemática es su ubicación, según reciente encuesta del INEI, en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas, desplazando la larga primacía de la inseguridad ciudadana.

El mega caso conocido como Lava Jato se ha constituido en el principal foco de atención en este período. Momentos impactantes han sido la orden de captura internacional contra Alejandro Toledo, y la prisión preventiva dictada con Ollanta Humala y Nadine Heredia. Dos ex Presidentes con serias acusaciones en su contra y con gran posibilidad de incrementar el grupo de ex mandatarios con condenas por delitos de corrupción.

Pese a su importancia, este no ha sido el único caso. Asuntos asociados a la corrupción han saltado a escena prácticamente desde el inicio de este período gubernamental. Basta recordar los negociados del doctor Moreno, consejero presidencial nada menos, la escandalosa información sobre el manejo del Seguro Integral de Salud, las notorias irregularidades de las obras construidas en Lima por la gestión del alcalde Castañeda, por citar solo algunos casos.

La consecuencia inmediata es la generalización de la desconfianza ciudadana en sus autoridades, en todos los niveles de gobierno, en todo el territorio nacional. Se incrementan las sospechas que en cualquier ámbito estatal podemos encontrarnos con situaciones de este tipo. Y así, la corrupción termina minando la legitimidad de la democracia.

Pese a la gravedad del problema, la respuesta gubernamental ha sido limitada. En sus primeros meses, el gobierno conformó una Comisión Presidencial de Integridad la cual en un plazo muy breve – apenas 45 días – formuló un centenar de recomendaciones para promover la integridad y enfrentar prácticas corruptas en el Estado y el sector privado.

El informe de esta Comisión bien pudo ser asumido como una hoja de ruta por el gobierno, pero este solo atinó a implementar algunas propuestas en forma fragmentada, algunas a través de Decretos Legislativos, y sin un mensaje de conjunto que planteara claramente ante la sociedad el compromiso asumido en esta materia.

No se vio tampoco en el Congreso una postura contundente. Más allá de comisiones investigadoras que caen fácilmente en la tentación mediática pero sin resultados contundentes, este poder del Estado, dominado por una mayoría fujimorista, no ha apuntalado alguna reforma importante en su primer año de gestión. Una oportunidad, no cerrada aún, es aprobar cambios en las normas sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, para impedir que dinero ilícito ingrese a este campo.

En este escenario, sin embargo, persisten las oportunidades. El proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero constituye una ocasión para demostrar que la gestión pública puede realizarse con transparencia y sin corrupción. Además, existen propuestas para seguir avanzando: a las ya mencionadas recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad se suman las que presentó la OCDE en un informe publicado hace pocos meses, y las acciones que se incluyan en el Plan Nacional Anticorrupción, aún pendiente de aprobación. En tercer lugar, es importante en liderazgo institucional en sectores clave como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, algunos Ministerios, y más recientemente la Contraloría General de la República. Por último, pese a la desmoralización que las prácticas corruptas causan, hay sectores de la sociedad civil que insisten en prácticas de vigilancia para transparentar la acción del Estado.

Estos son los elementos que es necesario poner en acción coordinada en el futuro inmediato. El escenario lo amerita, las propuestas existen, hay actores dispuestos, se requiere una voluntad política e institucional que adopte decisiones concretas y que asegure logros concretos en el corto y mediano plazo. La lucha por la integridad y la anticorrupción debe ser un eje primordial de la agenda política en el segundo año de gobierno que ahora empieza.

Publicado también en Noticias SER.

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