El pasado lunes 5 de diciembre, la Comisión Presidencial de Integridad, presidida por Eduardo Vega Luna, presentó al Presidente Pedro Pablo Kuczynski el resultado de su labor. Tras 45 días de arduo trabajo, incluyendo consultas (algunas descentralizadas) a múltiples autoridades, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, el producto es un documento de 22 páginas que contiene 100 recomendaciones orientadas a “fomentar la transparencia [en la función pública] y prevenir y sancionar la corrupción”.

El informe de la Comisión (se puede consultar aquí) abarca las distintas dimensiones de un esfuerzo colectivo para enfrentar la corrupción: transparencia en el Estado (incluyendo gestión de intereses y contrataciones estatales); fortalecimiento de la institucionalidad pública (servicio civil, Sistema Nacional de Control y sistema especializado de justicia); simplificación administrativa y gobierno electrónico; combate al financiamiento ilícito de la política; integridad en el sector privado. Incluye también propuestas para el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas.

Tal como fue ideado desde un inicio, el informe no se distrae en diagnósticos sobre la grave situación de la corrupción en el país, sino que plantea de frente un conjunto de medidas concretas para enfrentar este problema. En ese sentido, se trata de un documento programático que establece una hoja de ruta para los distintos poderes del Estado.

El Poder Ejecutivo puede adelantar algunas de ellas empleando sus propias facultades o aquellas que le han sido delegadas en este período. Por ejemplo, la publicación de una Declaración Jurada de Intereses por parte de todos los altos funcionarios, asesores y personal de confianza (en respuesta directa al “escándalo Moreno”). O todas las iniciativas orientadas a hacer más transparentes los procesos de contratación que efectúa el Estado. Estas medidas dependen de su propia iniciativa.

Sin embargo, el propio sector público podría ofrecer resistencia a algunas de las medidas. Intuyo que la exigencia de una “cláusula anticorrupción” en todos los contratos de grandes obras públicas puede no ser del agrado de algunas autoridades regionales o municipales. Lo mismo podría ocurrir con la propuesta de establecer, en todas las entidades públicas, de mecanismos para facilitar la denuncia de actos de corrupción, tanto de ciudadanos como de funcionarios, con las debidas garantías para los denunciantes. O con la promoción de una mayor transparencia en el sector Defensa. Incluso podría ser cuestionada la idea de identificar los puestos clave de la administración pública para ser cubiertos por ternas propuestas por SERVIR, siguiendo una lógica meritocrática.

También es posible que algunas iniciativas sean cuestionadas o poco valoradas por instituciones como el Congreso, el Poder Judicial o el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese proceso se observará el verdadero compromiso que ellas por avanzar en la lucha contra la corrupción.

Menciono algunas medidas que podrían sufrir alguna forma de cuestionamiento: a) el impedimento a personas condenadas por delitos graves (corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos) a fundar partidos políticos, ocupar cargos directivos en ellos, y presentarse como candidatos a cargos de elección popular; b) el levantamiento automático de la inmunidad parlamentaria a congresistas condenados con prisión efectiva mediante sentencia firme por delitos dolosos derivados de hechos previos al inicio de su función parlamentaria; c) la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura; d) el otorgamiento de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para compartir con el JNE y la ONPE información de inteligencia sobre lavado de activos; e) las sanciones pecuniarias y políticas por la recepción de aportes ilícitos para financiar actividades políticas; f) el impedimento de donaciones anónimas y la reducción drástica de los ingresos por actividades proselitistas para financiar campañas electorales.

Todas las medidas señaladas en este breve artículo se plantean a modo de ejemplo. Sin duda, el informe contiene más propuestas que merecen un análisis mayor.

En el discurso de los actores políticos la corrupción es un tema siempre presente. Sin embargo, cabe preguntarse por la prioridad que le darán al debate, la adopción e implementación efectiva de las medidas planteadas por la Comisión. En tal sentido, la vigilancia de la sociedad civil será fundamental para que estas iniciativas no sean puestas de lado, sino que alienten verdaderamente una lucha nacional contra la corrupción.

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