Hace unos días, Mirko Lauer publicó en su columna en La República, un fragmento de una carta enviada por Víctor Caballero. La columna fue titulada como “Carta sobre conflictos” y apareció en la edición del día 12 de julio, y en ella básicamente cuestionaba la metodología empleada por la Defensoría del Pueblo en la elaboración de su reporte de conflictos sociales.

Esta publicación mereció una respuesta inmediata de Rolando Luque, Adjunto para los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, publicada el día 13 en el diario, en la cual rebate los argumentos planteados por Caballero en el texto inicial.

Me permito una breve intervención en esta discusión pues la elaboración de los reportes de conflictos sociales de la Defensoría estuvo bajo mi responsabilidad desde su segunda edición hasta que salí de dicha institución, a inicios del año 2006. Fue en ese tiempo que se diseñó la metodología de análisis (puede ser consultada aquí, páginas 27-31). Modificaciones posteriores en las definiciones, que son las que se usan hoy, pueden ser consultadas aquí.

Lo primero que se debe decir es que el reporte y la metodología defensoriales son anteriores a los de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Es la Defensoría del Pueblo la que inicia la labor de registrar e informar en forma sistemática y sistematizada los casos de conflictividad social en el país. Posteriormente han venido otros reportes, elaborados por entidades del Estado, como la PCM, y desde la sociedad civil, como el Observatorio de Conflictos Mineros, solo por citar dos ejemplos.

Caballero parte de una constatación obvia: las cifras de la Defensoría del Pueblo y de la PCM no coinciden. Si uno hiciera la comparación con otros observatorios llegaría a la misma conclusión. No encontraría coincidencias. La razón no es difícil de explicar: distintas definiciones, distintas metodologías y sistemas de registro, dan lugar a resultados diferentes. Por tanto yerra Caballero cuando, partiendo de lo anterior, concluye que los resultados ajenos, como no se parecen a los suyos, están equivocados.

Me parece que lo más honesto es señalar que toda propuesta metodológica tiene fortalezas y debilidades. Es decir, que logra dar claridad sobre ciertos aspectos de la realidad, pero no en forma suficiente sobre otros. Es lo que cualquier científico social sabe sobre su propia disciplina académica. En ese sentido, considero que un enfoque incorrecto para este debate es “yo soy mejor que tú”, por lo que debiera ser reemplazado por análisis metodológicos más finos.

Caballero avanza en su crítica sobre dos aspectos metodológicos: cuándo ingresa un caso en el reporte, y cuándo pasa un conflicto de activo a latente y viceversa. En su respuesta, la Defensoría señala que dichos aspectos han sido tomados en cuenta en su planteamiento, aunque no da mayores detalles sobre estos asuntos (imagino que por la limitada extensión del espacio).

En resumen, Caballero desacierta en la crítica y la Defensoría haría bien en exponer más claramente sus criterios metodológicos. Así sería contundente la afirmación defensorial de que no estamos en un país incendiado, como maliciosamente intenta sugerir Caballero, y entenderíamos de mejor modo la complejidad de las situaciones conflictivas que persisten en nuestro país.

También publicado en Noticias SER.