En la última semana de agosto de 2015 participé en el programa radial "Tiempo Global", del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conducido por el periodista Ramiro Escobar. Junto a Marlene Román (Defensoría del Pueblo) y Luis Aronés (Coordinadora Nacional de la Organización de Afectados por la Violencia del Perú - CONAVIP) hablamos sobre la problemática de la desaparición forzada en el Perú.

El audio se puede escuchar en:

http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/tiempo-global-desaparecidos-en-el-peru-y-el-legado-de-barack-obama/

La nota publicada por IDEHPUCP en este mismo enlace es la siguiente:

Desaparecidos en el Perú: tareas pendientes

En el primer bloque de nuestro programa, tres invitados discutieron la agenda pendiente en torno a los desaparecidos a causa del conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000. Estuvieron presentes Marlene Román, Comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo; Jairo Rivas, exsecretario técnico del Consejo de Reparaciones del Perú y exintegrante de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia; y Luis Arones, presidente de la Coordinadora Nacional de la Organización de Afectados por la Violencia del Perú (CONAVIP) y vocero de la campaña Reune.

Román indicó que uno de los primeros problemas que se tiene al tratar esta materia es que no se cuenta con una cifra única de desaparecidos durante el periodo de violencia. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó la misma en 8 500 personas, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señala que la cifra es de 12 000 desaparecidos y el Ministerio Público maneja un aproximado de 15 000.

La abogada de la Defensoría del Pueblo también remarcó que, al hablar de desaparecidos en el Perú, se hace alusión a varias situaciones. De un lado, a las víctimas de desaparición forzada, entendida como la detención y posterior negación del paradero de la persona retenida, práctica efectuada durante el conflicto, en su mayor parte, por miembros de las Fuerzas Armadas. También se comprende a aquellas personas reclutadas forzosamente o secuestradas por Sendero Luminoso, cuyo paradero se desconoce. Y, además, a quienes se sabe que han sido ejecutados extrajudicialmente o fallecieron en una masacre, pero cuyos restos no han sido encontrados o se encuentran enterrados informalmente.

Román también indicó que se requiere sensibilizar a las autoridades para el establecimiento de una norma que permita una búsqueda de desaparecidos sin depender de un proceso judicial, con miras a identificar y restituir los restos de las víctimas a sus familiares, así como brindarles soporte a ellos para poder concluir el tiempo de duelo. Remarcó que existen algunos congresistas que se encuentran comprometidos con este tema, quienes pueden impulsar este proyecto de Ley, una vez que sea aprobado por el Poder Ejecutivo para su presentación.

Rivas enfatizó que, en términos generales, los gobiernos han brindado poca atención a esta materia, así como a otras vinculadas al legado del conflicto armado interno. En particular, en este caso, mencionó que durante este gobierno se prometió, en repetidas oportunidades, la presentación de un proyecto de Ley sobre búsqueda de personas desaparecidas, pero que hasta el momento no se había concretado su presentación ante el Congreso de la República.

El antropológo resaltó que el proyecto de Ley tiene como objeto que la búsqueda de personas desaparecidas, sujeta hoy a la labor que hace el Ministerio Público para la investigación de crímenes vinculados al periodo de violencia, pueda acelerarse, a fin de poder entregar rápidamente a los restos a sus familiares.

Rivas también remarcó que los medios de comunicación están poniendo mayor atención en la difusión de los trabajos de exhumación de restos, la entrega de los mismos a sus familiares, así cómo de las citaciones para la entrega de vestimentas. Sin embargo, aún se requiere un mayor trabajo para transmitir el conocimiento y más sensibilización de la sociedad sobre este tema.

Por su parte, Arones sostuvo que el Estado hace oidos sordos frente a los reclamos por los afectados de la violencia, a pesar de las recomendaciones brindadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación hace 12 años y la aprobación del Plan Integral de Reparaciones hace una década. Indicó que la iniciativa por una Ley de búsqueda de personas desaparecidas surgió como parte de las demandas de los familiares de las víctimas hace dos años y que es apoyada por asociaciones de víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia.

El presidente de la CONAVIP resaltó el trabajo que viene realizando el Ministerio Público para las exhumaciones de restos pero insistió que, con una ley especial sobre la materia, así como junto a mayor presupuesto y equipo especializado, se podría alcanzar el objetivo de entrega de restos a más de 15 000 familias que esperan cerrar su periodo de duelo.

Finalmente, Arones remarcó la importancia de la campaña Reune, que busca sensibilizar, a través de manifestaciones públicas y trabajo en redes sociales, a la opinión pública sobre la necesidad de contar con una norma vinculada a las víctimas de desapariciones forzadas. Solicitó que la Presidencia del Consejo de Ministros ponga el tema en agenda y, finalmente, el Poder Ejecutivo pueda enviar una iniciativa legislativa que pueda ser aprobada antes que concluya el periodo de los actuales congresistas.