El domingo 6 de setiembre, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga Pino, tuvo unas desafortunadas declaraciones. El funcionario indicó que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tenía previsto crear un registro para identificar a las víctimas de esterilizaciones forzadas, tal como lo había propuesto Amnistía Internacional hace algunas semanas. Según la nota de Andina, el Viceministro dijo lo siguiente:

Tenemos que ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial para poder adoptar las medidas de política correspondientes, mientras tanto no podemos hacerlo, pero estamos atentos al desarrollo del proceso judicial que se realiza en relación con las esterilizaciones forzadas.

El Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, al cual pertenezco, le ha remitido una carta al Viceministro para explicarle por qué razones un programa de reparaciones específico para las mujeres víctimas de una mala práctica estatal no puede supeditarse a una decisión judicial. El texto de la misiva dice lo siguiente:

... hemos conocido, con enorme preocupación, sus declaraciones en las que manifiesta que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tiene previsto por el momento crear un registro de víctimas de esterilizaciones forzadas mientras espera “ver cómo se desarrolla este tema a nivel judicial”. Nos parece especialmente erróneo el argumento que supedita la adopción de “medidas de política” al proceso judicial pues revela una inadecuada comprensión de las diferencias entre ambos: un proceso judicial intenta establecer responsabilidades penales como base para definir sanciones y reparaciones; una política pública puede desarrollarse independientemente de una decisión judicial, basándose en el reconocimiento de una situación que requiere ser atendida adoptando decisiones y movilizando recursos con una finalidad transformadora.

Las decisiones de política pública no requieren decisión judicial previa, antes bien constituyen otra forma de realizar justicia, en este caso para personas afectadas que desde hace 18 años no encuentran respuesta del sistema judicial. Hacer depender una decisión gubernamental de un mandato judicial – cuya finalidad es diferente – solo revelaría que la gestión actual no se propone adelantar iniciativa alguna para resarcir a las mujeres afectadas. Esta situación es en extremo preocupante dado que, pese al tiempo transcurrido, el Estado no sabe con exactitud el número de mujeres que fueron esterilizadas de manera forzada durante la segunda mitad de los años noventa, muchas de ellas indígenas y campesinas, cuya salud se vio afectada de manera crónica como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.

Frente a la ausencia de una respuesta en el sistema judicial, lo más conveniente sería que el gobierno decida realizar una política pública para remediar esta grave situación. Por ello, le expresamos nuestra disposición a reunirnos con usted para exponer las iniciativas que desde su despacho se pueden adelantar en materia de reparación a las víctimas de esterilizaciones forzadas, y cuya implementación no requiere una decisión judicial, sino más bien una clara voluntad gubernamental hacia quienes en el pasado fueron afectadas por decisiones y actuaciones de servidores públicos.

He argumentado antes que es posible aplicar el mecanismo no judicial de las reparaciones en esta situación, que hacerlo ofrecería una respuesta del Estado a mujeres que solo han conocido indiferencia e impunidad a lo largo de 18 años, y que con ello se daría un mensaje poderoso sobre la inaceptabilidad de vulneraciones de este tipo. 

Cuando el Viceministro Lechuga propone esperar una decisión judicial para actuar en consecuencia está enviando el mensaje contrario, uno muy doloroso: que el Ministerio encargado de velar por la justicia está renunciando a su tarea de promover el respeto de los derechos de las personas, especialmente de aquellas que han sido vulnerados. No es la actitud que se espera de una autoridad, razón por la cual una rectificación rápida sería más que necesaria. La esperamos.

Actualización

Comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre el tema.