Argentina. Como parte de su política represiva, el gobierno militar argentino (1976-1983) instaló en varias partes del país centros clandestinos de detención y tortura, desde los cuales se desapareció forzosamente a miles de personas. Las organizaciones de familiares calculan que fueron unas treinta mil las víctimas de este infame delito. El principal de estos centros de barbarie fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); se calcula que aquí desaparecieron unas cinco mil personas, incluyendo a quienes fueron llevados a los tristemente célebres “vuelos de la muerte” (prisioneros arrojados al mar desde el aire). En marzo de 2004, el gobierno argentino anunció la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en las instalaciones de esta antigua Escuela, que empezó a funcionar el año 2008, después de la desocupación del predio por parte de las fuerzas militares y la recuperación de sus instalaciones. Hoy, el antiguo centro de exterminio se ha convertido en un escenario para la preservación de la memoria de los crímenes allí cometidos y, a partir de ello, despliega un amplio conjunto de actividades en favor de la promoción de los derechos humanos en la sociedad argentina.

Chile. Al igual que en el caso anterior, la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990) organizó numerosos centros de detención, tortura y desaparición forzada de personas. El recuento arroja la trágica cifra de 3.200 personas desaparecidas forzosamente. Uno de las principales instalaciones fue Villa Grimaldi, a cargo de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta del régimen, donde fueron recluidas y desaparecidas cientos de personas. Luego de la caída de la dictadura, buscando borrar toda evidencia de sus crímenes, los militares abandonaron el lugar, lo desmantelaron poco a poco y terminaron vendiéndolo a una constructora que empezó la demolición de la infraestructura. La movilización social de vecinos, parroquias y organismos de derechos humanos no logró impedir la desaparición física del edificio, pero en cambio logró que el Estado expropiara el terreno, y en su lugar edificara el Parque por la Paz Villa Grimaldi, que empezó a funcionar en 1997. En forma más simbólica que la ex ESMA, este parque se ofrece como un espacio de recuerdo de los desaparecidos y de reflexión sobre los derechos humanos.

Perú. Como en los casos anteriores, el Cuartel BIM 51 Los Cabitos, ubicado en Ayacucho, fue escenario de detenciones ilegales, tortura, asesinato y desaparición forzada de personas. La diferencia con los casos anteriores es que estos hechos ocurrieron durante regímenes democráticos, como parte de la estrategia de combate desarrollada por las Fuerzas Armadas contra Sendero Luminoso. Testimonios de lo allí ocurrido han sido narrados por sobrevivientes y familiares de personas desaparecidas, y también recogidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las evidencias que documentan estos hechos, ocurridos principalmente entre 1983 y 1985, han sido reunidas por una investigación fiscal en curso. Pese a la contundencia de la información disponible, el Cuartel Los Cabitos sigue funcionando, como si nada hubiera ocurrido en su interior. Sigue siendo una isla de impunidad en el mismo lugar donde las víctimas de la violencia política aún no encuentran justicia ni reparación. Años ha tardado la emblemática Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en lograr que La Hoyada, terreno contiguo al cuartel y escenario de la desaparición forzada de personas, se constituya en un espacio de memoria (aunque el proceso no ha concluido todavía). Coincido y apoyo plenamente esta iniciativa, pero pienso que no es suficiente. Lo correcto sería cerrar el Cuartel Los Cabitos como instalación militar y, en su lugar, constituir un espacio de memoria.

Un Estado que se preocupa por la suerte de sus ciudadanos, en especial por los más vulnerables como es el caso de las víctimas de la violencia, no debe pasar por alto esta mancha de vergüenza que constituye la presencia de ese cuartel. Transformarlo en el sentido propuesto brindaría un mensaje potente a las víctimas actuales sobre el compromiso gubernamental contra la impunidad, y también a las generaciones futuras sobre la necesidad de impedir crímenes como los que se cometieron en Los Cabitos.

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@RivasJairo