Hace pocos días se cumplieron dos años del inicio formal de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP con las que se intenta finalizar un conflicto que lleva más de 50 años de duración y ha causado más de 7 millones de víctimas. Antes de ello se desarrolló una fase secreta de acercamiento y exploración que culminó con la suscripción de un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este documento definió la agenda y las características de la etapa de negociación que, desde noviembre de 2012, se desarrolla en La Habana. 

No se trata de un proceso fácil pues la agenda aborda problemas estructurales de la realidad colombiana: el acceso a la tierra, la participación política (en especial de sectores críticos al establecimiento), los cultivos ilícitos, los derechos de las víctimas, y, desde luego, el fin del conflicto. Según los voceros del gobierno, tratar estos temas constituye una oportunidad para atender situaciones históricamente postergadas por la dinámica misma de la violencia.

Pese a su complejidad, se han logrado acuerdos en los tres primeros puntos de la agenda (se pueden consultar aquí), lo cual constituye un avance sin precedentes en Colombia. Pese a las ácidas críticas de la oposición encabezada por el ex Presidente y hoy Senador Álvaro Uribe, lo convenido en Cuba trae consigo oportunidades para asentar sobre nuevas bases la sociedad, la política y la economía colombianas.

Sin embargo, no es la oposición política sino el escepticismo social el principal enemigo a derrotar. Últimas encuestas revelan que la opinión pública va abandonando las tesis radicales del uribismo, aunque mantienen una elevada desconfianza sobre la real voluntad de la guerrilla de transitar hacia un escenario sin armas. Esta actitud se refleja, por ejemplo, en el escaso apoyo mostrado a medidas de justicia transicional que se puedan aplicar a militantes de las FARC que se desmovilicen. La opinión mayoritaria desea penas elevadas para los guerrilleros. Esta desconfianza se acentúa por la continuidad de acciones armadas que afectan a población civil, lo que se debe a que una de las reglas del proceso es que se negocia en medio del conflicto.

En este gran escenario de discusión que es la sociedad colombiana de hoy, las víctimas ocupan un lugar central. La satisfacción de sus derechos es un punto de la agenda y es tratado constantemente por ambas delegaciones. Además, las partes formularon unos principios orientadores para la discusión de este punto, dispusieron la organización de foros en Colombia para recibir propuestas, y han recibido en audiencia a 4 delegaciones de víctimas – 48 personas en total – quienes han expuesto su historia y planteamientos a la Mesa de Conversaciones (está pendiente el viaje de la quinta delegación). A todo lo anterior se suma el intenso debate sobre los derechos de las víctimas que se sigue en ámbitos académicos, organizaciones sociales y medios de comunicación, y un importante desarrollo de la política gubernamental de reparaciones a las víctimas, todo lo cual ha convertido este tema en un asunto importante en la agenda nacional.

Es la voz de las víctimas la que le otorga un nivel ético al proceso, pues lo aleja de los intereses políticos en curso que intentan cooptarla. Por ejemplo, las víctimas que han ido a La Habana, pese a sus diferencias, han coincidido en demandar a las partes que no se levanten de la mesa hasta lograr un acuerdo definitivo. Y lo han vuelto a hacer en estos días en que el proceso atraviesa una crisis por el secuestro – por vez primera en la historia del conflicto – de un general del Ejército por parte de la guerrilla (retenido con otro militar y una abogada civil). Incluso en circunstancias tan difíciles como estas, que obligaron al Presidente Santos a suspender los diálogos, las víctimas exigieron continuar con las negociaciones, previa liberación de las personas privadas de su libertad.

La situación crítica de estos días, que coincide con el segundo aniversario del inicio de los diálogos, está en vías de resolución por la exigencia firme del gobierno y las decisiones adoptadas por la guerrilla. La salida ha sido posible por la disposición de ambas partes a mantener una puerta abierta a la negociación política, sin caer en radicalismos ideológicos o militares que hubieran puesto en cuestión la continuidad de la negociación.

El creciente número de voces a favor de la culminación exitosa del proceso y la superación de la coyuntura crítica a través de la negociación constituyen elementos que pueden relanzar el proceso de paz y darle aire para enfrentar los temas más difíciles: las medidas de justicia para los guerrilleros que se desmovilicen y el fin del conflicto (punto en el cual se definirá la dejación de armas, la desmovilización y reintegración de los combatientes, entre otros aspectos).

Es probable que no se alcance un acuerdo final al concluir el año 2015, pero con seguridad el próximo año veremos nuevos avances en este proceso de negociación, histórico para Colombia y para el continente.

Publicado también en: NoticiasSER

@RivasJairo