Nota previa: Con esta entrega concluyo la serie de artículos sobre el balance del proceso de reparaciones durante el quinquenio anterior, planteando aspectos que permitan darle un nuevo impulso a esta obligación del Estado para con las víctimas de la violencia. Espero que en este tiempo se abra un debate sobre el tema luego que el Presidente Ollanta Humala expresara el compromiso de “poner fin a las secuelas de la violencia terrorista que vivimos y cumplir con las reparaciones individuales y colectivas”.

4.     Reparaciones: mirando al futuro

En las entregas anteriores he efectuado una mirada crítica sobre la implementación del Plan Integral de Reparaciones durante el gobierno aprista. En resumen, afirmo que en un contexto de poca voluntad política respecto al tema, se pudo avanzar, no sin contratiempos, la elaboración del Registro Único de Víctimas (RUV) y el programa de reparaciones colectivas. Las reparaciones individuales merecieron apenas atención, salvo por un tímido inicio de las acciones en salud y el tardío lanzamiento del programa de reparaciones económicas, hecho en forma acelerada y sin atender a los cuestionamientos que se le efectuaron, intentando – sin éxito – al final de la gestión enmendar lo poquísimo que se hizo en este campo en los años anteriores.

Queda claro, por tanto, que el gobierno anterior deja una enorme tarea pendiente, y que le toca a la nueva gestión enmendar los rumbos. Asumo que existe la voluntad política para hacerlo considerando lo siguiente: el tema fue incluido en el plan de gobierno de Gana Perú; un representante de esta agrupación suscribió durante la campaña un compromiso promovido por la CONAVIP y el IDEHPUCP; el Presidente Humala mencionó el tema en su discurso del 28 de julio; y el Presidente del Consejo de Ministros se reunió hace un par de semanas con dirigentes de CONAVIP y en estos días ha encargado a una conocedora del tema plantear la estrategia a seguir para cumplir este compromiso.

Planteo algunos aspectos que podrían tomarse en cuenta en este nuevo intento por responder a las justas demandas de las víctimas de la violencia por una reparación digna.

a)     Precisar tareas. No se empieza de cero. Existe un avance considerable en la inscripción de personas y colectivos en el RUV, y existe un camino recorrido en lo que a reparaciones colectivas se refiere, que bien podría continuarse con los correctivos del caso. Tomando lo anterior como referencia, los principales desafíos consisten en dar un impulso final para revisar los miles de registros aún pendientes de calificación y diseñar una forma de implementar la integralidad de los programas de reparaciones. Ello va a suponer avanzar con el diseño de los mismos, en coordinación con los sectores involucrados y conseguir la asignación presupuestal para su adecuada ejecución. Nada de esto podrá conseguirse sin una dirección que asuma este encargo en su conjunto y con un equipo técnico especializado en el tema y con solvencia en el manejo de programas públicos.

b)     Coherencia. Se requiere superar los problemas de coordinación entre las entidades a cargo de distintos aspectos del PIR. De este modo, se podrá brindar un mensaje único a la población beneficiaria, que evite confusiones, malentendidos y “mecidas”, y de este modo conseguir una mayor coherencia en la respuesta ofrecida. Esto se podrá conseguir reformulando el diseño institucional a cargo de esta labor, evitando dobles instancias o ventanillas de atención, y apuntando a un proceso continuo desde el registro hasta la recepción de los beneficios establecidos en la ley. Ello, además de permitir un ahorro en costos operativos, redundará en la eficiencia de la gestión gubernamental.

c)     Participación. Un desafío especial es lograr la participación de las organizaciones de afectados en el diseño e implementación de los programas de reparaciones, en diálogo con los sectores del Estado y con otros actores de la sociedad civil. Esta demanda fue permanentemente desatendida por el gobierno aprista, impidiendo que la gestión pública en este campo se convirtiera en una experiencia inclusiva. Se necesita diseñar mecanismos concretos para cumplir con este criterio, y adoptar  medidas a partir del diálogo y la generación de consensos amplios. Es cierto que el Estado no podrá cubrir todas las demandas que se le planteen, pero es mejor avanzar planteando las posibilidades y limitaciones con transparencia y horizontalidad.

d)     Una tarea para todos los niveles de gobierno. No se ha promovido en forma adecuada el involucramiento de gobiernos regionales y municipalidades en la implementación de medidas de reparación. Las entidades sub nacionales han apoyado el RUV en sus ámbitos, han promovido reparaciones simbólicas y ha actuado como ejecutoras de obras de reparación colectiva. Esto resulta muy poco en comparación a las tareas que se les podría plantear como responsabilidad. Ello requiere una mirada menos centralizada del proceso de reparaciones, una propuesta con tareas específicas para gobiernos regionales y municipalidades, y la posibilidad de brindar apoyo técnico para que a este nivel se puedan consolidar compromisos concretos en esta dirección. De este modo, se podrá conseguir que la implementación del PIR sea una responsabilidad compartida por el Estado en su conjunto.

Foto tomada de: http://servindi.org/actualidad/37758