3.    La implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR)

Acogiendo los planteamientos formulados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Ley N° 28592 y su Reglamento definieron los programas que el Estado se compromete a implementar para reparar el daño sufrido por familias y comunidades durante el conflicto interno. ¿Cuánto se ha avanzado en esta tarea durante el último quinquenio?

Aunque no podré extenderme en ellos, propongo algunos criterios objetivos para analizar este programa público: i) propuestas diseñadas; ii) presupuesto asignado para su implementación; y, iii) percepción de los beneficiarios sobre la acción reparadora.

El avance más significativo se encuentra en el programa de reparaciones colectivas. El año 2007 se diseñó la propuesta y se inició su implementación, que ha sido sostenida a lo largo de todo el período de gobierno. Desde entonces, se han beneficiado a más de 1.600 centros poblados con un desembolso superior a los 160 millones de soles desde el gobierno central. Los dos primeros criterios fueron cumplidos.

En cuanto al tercer criterio, la Defensoría del Pueblo y algunos organismos de derechos humanos han señalado que no siempre se evidencia la intención reparadora hacia las comunidades, pero la CMAN señala que las obras financiadas son muy valoradas por las poblaciones beneficiarias. Se requiere un trabajo de campo para analizar este aspecto con más detalle, aunque me da la impresión que los implementadores han priorizado la ejecución de las obras (en la lógica impuesta por el gobierno) y dado menos importancia al gesto reparador que esta iniciativa debía traer consigo.

Un panorama completamente distinto se observa en los programas de reparaciones individuales. Al concluir el cuarto año de gobierno (julio de 2010) sólo se contaba con el diseño del programa de reparaciones en salud, el cual se había comenzado a implementar mediante la inscripción automática y gratuita de las víctimas en el Seguro Integral de Salud.

Si bien esta medida constituye un paso importante, se limitó a este nivel básico de atención y no desarrolló “paquetes” de beneficios especiales para grupos de beneficiarios (personas con discapacidad, víctimas de violación sexual, por mencionar algunos). A ello se suman las dificultades presentadas en la atención a las víctimas, especialmente por desinformación del personal a cargo de los establecimientos de salud, problema que no ha sido revertido y ha generado muchos cuestionamientos de las víctimas que no se sienten verdaderamente atendidas.

Al concluir el año 2010 no se contaba con ningún otro diseño. Sólo con movilizaciones continuas, las organizaciones de afectados lograron que el gobierno avance en el diseño del programa de reparaciones económicas y asigne recursos para este propósito. Recién en febrero de 2011 se presentó un informe técnico con lineamientos para la implementación del programa de reparaciones económicas, el cual fue asumido oficialmente el 16 de junio de 2011… ¡¡¡ 40 días antes de concluir el período gubernamental!!! La implementación de este programa se ha iniciado con los 20 millones de soles incluidos en el presupuesto de este año. Para los demás programas de reparaciones (simbólicas, educación, apoyo al acceso habitacional, restitución de derechos ciudadanos) no se realizó ningún diseño ni se asignó presupuesto alguno.

Desde diversos ámbitos se ha cuestionado la forma en la que se ha iniciado el programa de reparaciones económicas, señalando que se optó por un diseño sin el debido sustento técnico, obviando por decreto espacios deliberación y consulta, y generando una percepción crítica de las víctimas sobre este programa. Que un número importante de ancianos y ancianas, la mayor parte de ellos en condiciones de pobreza, hayan aceptado recibir dinero de parte del Estado no borra las críticas antes formuladas respecto a la forma de implementación de este programa. De esta manera se perdió la oportunidad de iniciar un programa tan importante y esperado con la mayor legitimidad social posible.

Tomando solo los dos primeros criterios (propuesta y presupuesto), resulta claro que la implementación de reparaciones individuales no ha sido una prioridad, a diferencia de las colectivas. Este avance tan desigual le ha quitado al PIR su carácter integral. En cuanto a la percepción, los cuestionamientos formulados a la CMAN revelan un gran descontento de las propias víctimas sobre su desempeño en la tarea de coordinar la implementación del PIR. Constituye un saldo muy negativo que los beneficiarios de una acción institucional la cuestionen en forma tan abierta y reiterada. Ello expresa que las víctimas no se sienten aún reparadas y que los escasos avances en este campo revelan a un Estado que no ha podido (¿ha querido?) superar el déficit de atención a las víctimas de la violencia.

(Continuará)

La foto está tomada de: http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia.aspx?key=S3eKyZdgTDo=