Nota previa: Continúo la serie de artículos dedicados al análisis del proceso de reparaciones durante el último quinquenio. En esta oportunidad trato sobre el Registro Único de Víctimas, en cuya elaboración estoy comprometido desde hace algunos años. Hago esta precisión pues, aunque intento un recuento autocrítico, no deja de ser una mirada de parte realizada a título personal.

2.    El Registro Único de Víctimas (RUV)

El RUV fue creado por la Ley N° 28592 y su elaboración fue encargada al Consejo de Reparaciones (CR). Tiene por objeto la identificación de personas y colectivos (comunidades, centros poblados y grupos de desplazados) que fueron afectados por la violencia, buscando determinar a los beneficiarios de los programas de reparaciones.

El trabajo del Consejo puede describirse esquemáticamente en tres etapas:

Organización del trabajo. Se inicia con la conformación del Consejo (octubre 2006) y se extiende hasta fines del año 2007. En este tiempo, los Consejeros definieron la manera de elaborar el RUV e iniciaron su implementación. Un aspecto fundamental fue la redacción del Reglamento de Inscripción, documento que precisa definiciones operativas y procedimientos. Adicionalmente se elaboraron diversos instrumentos normativos (protocolos) y operativos (instrumentos de registro, sistemas informáticos, estrategia de despliegue), se acopió la información de los registros pre existentes y se inició la inscripción de casos en el RUV.

Despliegue nacional. Entre los años 2008 y 2010 el CR se volcó a recoger información sobre víctimas en todo el país. Se instalaron más de 200 módulos de atención en 16 departamentos (sólo 6 financiados con recursos propios, los demás con aporte de terceros) y se realizaron campañas de registro en zonas rurales de 11 departamentos. Paralelamente se avanzó en la integración de los registros pre existentes y en el análisis e inscripción de las solicitudes acopiadas.

Inscripción masiva. El 2011 disminuyó el ritmo de recepción de solicitudes y los esfuerzos se concentraron en la calificación de casos para su posterior inscripción.

Al 31 de mayo, en el RUV se han inscrito cerca de 120 mil víctimas individuales, 5.668 comunidades y centros poblados, y 20 grupos de desplazados. Para ello se ha calificado el 70% de los más de 135 mil registros acopiados. Asimismo se ha logrado entregar a personas y comunidades el 44% de los certificados que acreditan su inscripción en el RUV (más de 54 mil).

Como en todo proceso institucional podemos encontrar luces y sombras. Empecemos por las primeras en apretado recuento:

Un Consejo integrado por personas con distintas visiones del proceso de violencia que es capaz de llevar adelante una tarea compleja en base al diálogo tolerante y al consenso.

Una cantidad nunca antes acopiada de testimonios que convierte al acervo documentario del CR en el principal depositario de relatos individuales sobre el período de violencia.

Un instrumento confiable y con información válida para el diseño e implementación de los programas de reparaciones.

Un proceso transparente y participativo, que termina contando con el respaldo y la aprobación de las víctimas de la violencia y de sus organizaciones.

La amplia movilización de voluntades y recursos de numerosas instituciones, que adelanta la posibilidad de múltiples formas de atención a las víctimas a nivel regional y  local.

La multiplicación de gestos simbólicos de reconocimiento a las víctimas a través de la inscripción y, sobre todo, la entrega de certificados.

Brevemente también, menciono algunos aspectos que pueden cuestionarse en el proceso de elaboración del RUV:

Al adoptar una estrategia de recojo de información diferenciada para víctimas individuales y comunidades se perdió la oportunidad de recopilar datos conjuntos.

Inicialmente se planteó un procedimiento largo e innecesariamente complejo para la integración de la información a la base de datos y su posterior evaluación, diseño que fue revisado en algún momento para darle mayor fluidez a esta labor.

Se invirtió tiempo y recursos hasta encontrar un modelo de campañas de registro que, con economía de fondos, permitiera la mayor cobertura posible.

Estos últimos factores, junto a las limitaciones presupuestales, incidieron en la velocidad con la que se ha desarrollado esta tarea. Si bien no siempre se ha podido responder con la celeridad esperada por las víctimas, considero que el balance es positivo teniendo en cuenta el nivel de avance alcanzado y los aspectos positivos que han sido enunciados.

Si el siguiente gobierno mantiene el apoyo a esta tarea, en pocos meses podrá concluirse la calificación masiva de expedientes, y podrá entregarse al país un registro que constituye, como lo he dicho en otro espacio, un ejercicio de memoria nacional y un esfuerzo colectivo por resarcir a quienes sufrieron el impacto de la violencia.

(Continuará)