Estando cerca de la culminación del actual gobierno resulta oportuno realizar un ejercicio de balance sobre el proceso de reparaciones, tarea a la que dedicaré las siguientes entregas.

 1.    Un diseño complejo para un tema nuevo

 La demanda por reparaciones adquiere presencia pública a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Anteriormente no había formado parte de la agenda planteada por las organizaciones de víctimas ni tampoco por los organismos de derechos humanos, los cuales habían dado mayor relevancia a los temas de verdad y justicia. Se trata, por tanto, de un tema relativamente nuevo cuya necesidad fue fundamentada en una de las recomendaciones de la CVR.

La creación de la CMAN, el año 2004, fue la respuesta del gobierno de Alejandro Toledo a los planteamientos de la CVR. A partir de allí se empieza a tejer el esquema institucional para dar respuesta a la exigencia de reparaciones. Es así que, en julio de 2005, se promulga la Ley N° 28592, la cual crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR). Con esta norma se oficializan los planteamientos de la CVR y se le da curso legal a la creciente expectativa de las víctimas por las reparaciones.

La reglamentación de esta ley, aprobada a poco de concluir el gobierno de Toledo, precisa el diseño institucional a cargo del proceso de reparaciones. En él se establece un camino de dos pasos: i) la identificación de las víctimas y beneficiarios del PIR, a través de un instrumento denominado Registro Único de Víctimas; y ii) la coordinación de los distintos programas de reparación. La complejidad radica en que la realización de cada paso fue encargada a una entidad distinta: el primero fue asignado al Consejo de Reparaciones, mientras que el segundo se puso bajo responsabilidad de la CMAN.

Esta distinción institucional tiene una lógica: evitar que el primer paso - la identificación de las víctimas - sea objeto de manipulación política. Esta intención se vio confirmada con la designación de los integrantes del Consejo de Reparaciones, en octubre de 2006, por Jorge del Castillo, por entonces Presidente del Consejo de Ministros, quien promovió una conformación plural y ajena a intereses partidistas.

La distinción funcional planteaba la necesidad de entender las tareas de ambas entidades como una continuidad: el Consejo producía la información que la CMAN necesitaba para el diseño e implementación de los programas bajo su responsabilidad.

No puede decirse, luego de varios años de iniciado el proceso, que esta premisa se haya cumplido. Como se ha advertido en diversas ocasiones, son diferentes los criterios que han orientado la labor de ambas entidades y ello ha producido desencuentros y tensiones. Me parece que estas se fueron incrementando cuando aumentó la presión social por las reparaciones individuales, en especial las económicas, siendo que la prioridad en los primeros años estuvo centrada en las reparaciones colectivas.

Como resultado encontramos que no se logró la complementariedad deseada y ello produjo mensajes confusos a la población afectada por la violencia, que en diversas ocasiones expresó la necesidad de un manejo más coordinado. Dado que diversos esfuerzos en esa dirección no dieron los resultados esperados, queda como desafío revisar el diseño institucional, buscando la forma de darle una mayor coherencia y simplicidad, logrando mayor eficacia en la respuesta a las demandas de las víctimas.

(Continuará)

La imagen está tomada de: http://servindi.org/actualidad/45895